8/2/2010 10:21 AM
San Salvador, EFE
San Salvador, 8 feb (EFE).- La minera canadiense Pacif Rim calificó hoy de "irresponsables" y "sin fundamento" las denuncias de distintas organizaciones sociales que han asociado hechos de violencia registrados en el noroeste de El Salvador con la actividad que la empresa mantiene en esa zona.
La compañía señaló en un comunicado publicado en la prensa local que se siente "atacada con señalamientos irresponsables y sin fundamento realizados por organizaciones que se hacen llamar ambientalistas".
La minera, encargada de la mina El Dorado, en el departamento de Cabañas (noreste), consideró "preocupante la campaña de desprestigio que dirigen algunos grupos que trabajan para frenar el desarrollo de El Salvador, respaldados por Organizaciones No Gubernamentales radicales que destinan recursos y esfuerzos en contra" de sus inversiones.
Estas organizaciones han asociado "de manera irresponsable hechos de violencia local a las actividades de la industria minera que la compañía desempeña", añadió la "Aclaración pública" difundida por Pacific Rim.
Indicó que las acusaciones "carentes de fundamento dañan la reputación de la empresa, arriesgan la vida de sus trabajadores, socavan la estabilidad jurídica y el respeto al Estado de Derecho".
Pacific Rim respondió así a los señalamientos de organizaciones medioambientales y de derechos humanos que atribuyen el asesinato de tres ambientalistas, ocurridos el año pasado, al rechazo expresado por estos grupos a la explotación minera en el país.
En diciembre pasado fue asesinada por desconocidos Dora Alicia Recinos Sorto, en el cantón Trinidad, en Cabañas, cuando regresaba de lavar ropa de un río cercano a su casa.
El asesinato de esta mujer, que estaba en su octavo mes de embarazo, se sumó al de Ramiro Rivera Gómez, ocurrido en el mismo cantón unos días antes, y al de Marcelo Rivera, quien fue secuestrado y asesinado en junio de 2009.
Pacific Rim ha demandado al Estado de El Salvador ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, por negarle el permiso para explotar la mina.
El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, descartó en diciembre pasado que su Gobierno tenga previsto autorizar proyectos de exploración y explotación minera en el país a los que se oponen organizaciones sociales por temor a sus efectos medioambientales.
La Iglesia católica ha sido una de las voces que más han advertido sobre el peligro de que la explotación minera contamine las aguas del río Lempa, el principal afluente del país.
